En la sesión plenaria de agosto, el Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado una serie de medidas clave que reflejan el compromiso de la administración local con la sostenibilidad y la gestión eficiente de los recursos municipales.
Entre los puntos destacados, se encuentra la modificación de la Ordenanza Municipal de Movilidad, que permitirá avanzar significativamente en la implementación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el municipio. Esta medida, que ha contado con el respaldo de 23 concejales de los grupos PP y PSOE, y la oposición del edil de Vox, busca adaptar la normativa local a las exigencias de la legislación nacional en materia de cambio climático y transición energética.
El concejal de Movilidad, Francis Muñoz, subrayó la importancia de esta modificación, explicando que está orientada a favorecer la convivencia entre residentes, turistas y visitantes, además de garantizar una gestión eficiente de los desplazamientos y del uso de los espacios públicos. Muñoz destacó que Benidorm está comprometido con un modelo de movilidad más sostenible y que estas modificaciones reflejan la anticipación del municipio a las futuras demandas urbanas y medioambientales.
La ZBE abarcará 75 hectáreas distribuidas en tres zonas urbanas: Centro, Poniente y Levante. En estas áreas, se promoverá el tránsito peatonal y se restringirá el acceso a vehículos altamente contaminantes, en consonancia con la Ley de Cambio Climático. Además, la ordenanza introduce definiciones y regulaciones más precisas sobre el estacionamiento de motocicletas y vehículos eléctricos, así como sobre los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como patinetes eléctricos, que han sido objeto de control riguroso por parte del Ayuntamiento.
En otro punto del orden del día, se aprobó por unanimidad la liquidación contractual con la empresa Aparcamientos Concertados SA, actual FCC Medio Ambiente SAU, correspondiente al contrato de concesión del aparcamiento de l’Aigüera, declarado nulo en mayo pasado. La portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, detalló que esta liquidación permitirá al Ayuntamiento recuperar 644.591,63 euros, correspondientes a ingresos que la empresa había percibido indebidamente. Caselles reiteró que todas las acciones realizadas por el Ayuntamiento se han ajustado a la legalidad y a las recomendaciones de los técnicos municipales, destacando que la controversia con la AVAF se centró en la naturaleza del contrato y no en su legalidad.
Además, se aprobó una modificación presupuestaria de 683.169 euros para cumplir con una sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento a devolver esa cantidad a la empresa Prometosa Construcciones SL. También se revisaron las tarifas de los aparcamientos municipales para 2024, acordándose un incremento del 20% en temporada alta, con una reducción similar en temporada baja, siguiendo el reglamento establecido.
Finalmente, se iniciaron los procedimientos para otorgar condecoraciones a dos agentes de la Policía Local por su destacado servicio, y se informó a los grupos municipales sobre la preparación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en relación con una sentencia que obliga al Ayuntamiento a pagar 283 millones de euros por un convenio urbanístico.
La sesión plenaria de agosto ha sido un reflejo del compromiso de Benidorm con la sostenibilidad, la legalidad y la gestión responsable de los recursos municipales, sentando las bases para un futuro más ordenado y eficiente en la ciudad.
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