Polémicas en el pleno municipal de noviembre
El pleno municipal de noviembre en Benidorm estuvo marcado por intensos debates entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Dos temas destacaron en la sesión: la negativa del equipo de gobierno a retirar honores al exalcalde Eduardo Zaplana, condenado por corrupción, y el supuesto secretismo en la gestión del polígono industrial de Terra Village.
La polémica sobre Eduardo Zaplana
El PSOE presentó una moción para retirar a Eduardo Zaplana los honores y reconocimientos que le concedió el Ayuntamiento de Benidorm, incluyendo el nombre de una calle, la Medalla Corporativa y placas conmemorativas. Esta propuesta surge tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, que condenó al exalcalde del PP por delitos como prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales, con penas que suman más de 10 años de prisión.
El alcalde Toni Pérez y su equipo del PP votaron en contra, argumentando que la medida era prematura al no ser una sentencia firme del Tribunal Supremo. Sin embargo, la portavoz socialista, Cristina Escoda, criticó duramente esta decisión, acusando al PP de posicionarse «del lado de los delincuentes» y desaprovechar la oportunidad de enmendar la moción para incluir la retirada de los honores tras una sentencia definitiva.
“Frente a la corrupción no valen titubeos. O se está de un lado o del otro; no hay grises”, subrayó Escoda.
Gestión del polígono industrial y Terra Village
Otro tema conflictivo fue la retirada de la condición de agente urbanizador del polígono industrial de Terra Village, empresa vinculada a Enrique Ortiz, un empresario con múltiples implicaciones en casos de corrupción urbanística.
El PSOE denunció el secretismo y la falta de transparencia en la tramitación de este expediente. Según el portavoz adjunto socialista, Sergi Castillo, las decisiones del equipo de gobierno plantean serias dudas, especialmente por la falta de informes de Tesorería e Intervención.
Entre las críticas, Castillo destacó:
- Urgencia injustificada: No se explicó por qué se decidió retirar la condición de urbanizador ahora, pese a años de informes técnicos que señalaban incumplimientos.
- Incertidumbre financiera: Con un presupuesto de más de 30 millones de euros y el 70% de la inversión realizada, no está claro quién asumirá los costos pendientes en caso de que el Ayuntamiento deba intervenir.
- Posible pacto oculto: Castillo sugirió que podría haber acuerdos no transparentes con Ortiz para evitar conflictos legales.
“Estamos tomando una decisión que afecta a 20 millones de euros. ¿Qué pasará si ningún nuevo urbanizador acepta las condiciones? ¿Lo asumirá el Ayuntamiento, y cómo afectará a los impuestos y servicios públicos?”, cuestionó Castillo.
Repercusiones políticas y económicas
Estas controversias evidencian las tensiones entre el PSOE y el PP en Benidorm, con el primero acusando al gobierno local de falta de compromiso contra la corrupción y de opacidad en la gestión pública. Además, generan preocupaciones sobre el impacto económico de las decisiones urbanísticas en un contexto de grandes inversiones y posibles conflictos legales.
Para más información, visita la sección de noticias del Ayuntamiento o consulta los acuerdos del pleno en su sitio oficial:
Ayuntamiento de Benidorm.
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