Benidorm llevará al próximo pleno una modificación presupuestaria para destinar 19 millones de euros del remanente de Tesorería de 2025 al pago de los terrenos protegidos del AP7 de Serra Gelada. La decisión permite reducir de 55 a un máximo de 36 millones el préstamo previsto a través del Fondo de Impulso Económico. El alcalde, Toni Pérez, también ha comunicado que ya se ha ordenado el abono de los primeros 5 millones. En total, el Consistorio debe atender durante 2026 un primer pago de 60 millones dentro del acuerdo homologado por la Justicia.
El Ayuntamiento reorganiza la financiación para reducir deuda e intereses
Una modificación presupuestaria moviliza 19 millones del ahorro municipal
La operación que llegará al pleno parte de un dato concreto: el gobierno local propone utilizar 19 millones de euros del remanente de Tesorería obtenido en 2025. Ese dinero se dirigirá al cumplimiento del acuerdo relacionado con los terrenos protegidos del AP7 de Serra Gelada, en lugar de cubrir toda la primera obligación mediante financiación bancaria. Según la información municipal, la propuesta cuenta con informes favorables del Área Económica y deberá debatirse en la próxima sesión ordinaria.
El movimiento presupuestario tiene un efecto directo sobre la estructura del pago. La previsión inicial contemplaba solicitar hasta 55 millones de euros al Fondo de Impulso Económico. Al incorporar recursos propios, la cuantía máxima del préstamo baja hasta 36 millones. De este modo, el Consistorio combina ahorro municipal y crédito para atender los compromisos de 2026, manteniendo separadas ambas fuentes de financiación y reduciendo el importe que generará intereses.
La propuesta no supone todavía el cierre completo del expediente. El pleno deberá pronunciarse sobre la modificación del presupuesto y sobre la operación financiera que se concertará con Caixa Ontinyent, una vez autorizada por el Ministerio de Hacienda a través del FIE. La explicación ofrecida por el alcalde sitúa ambas decisiones dentro de una misma planificación: emplear primero una parte del remanente disponible y limitar el préstamo a la cantidad restante necesaria para alcanzar el primer pago pactado.
El anuncio incluye, además, una actuación ya ordenada. Mediante decreto de Alcaldía se ha dispuesto el abono de los primeros 5 millones de euros. Este desembolso abre la ejecución económica del acuerdo homologado por la Justicia y anticipa parte de la cantidad que debe satisfacerse antes de que termine el año. Para el lector, la clave es que no se trata de una nueva valoración del suelo, sino de la forma concreta elegida para financiar el calendario ya acordado.
La información oficial vincula la disponibilidad del remanente con la situación económica municipal. Esa capacidad de ahorro permite revisar el plan inicial sin alterar la cifra de 60 millones comprometida para 2026. La modificación cambia el origen del dinero: aumenta la aportación directa del Ayuntamiento, reduce el crédito y, con ello, rebaja la carga financiera futura asociada a este primer tramo.
Benidorm cubrirá con recursos propios 24 de los 60 millones de 2026
La distribución comunicada por el gobierno local fija dos bloques. El Ayuntamiento de Benidorm aportará con recursos propios 24 millones de euros de los 60 previstos para este año. Los 36 millones restantes procederán del préstamo bancario autorizado mediante el Fondo de Impulso Económico. La suma mantiene intacta la obligación anual, pero reduce de forma significativa el endeudamiento inicialmente calculado.
Dentro de esos 24 millones se encuentran los 19 millones que se incorporarán desde el remanente de 2025 y los primeros 5 millones cuyo pago ya ha sido ordenado. La coincidencia de ambas cantidades permite entender la secuencia: el decreto activa el primer abono y la modificación presupuestaria aportará el resto de los recursos municipales previstos para completar la parte financiada con fondos propios durante 2026.
El préstamo, por su parte, se concretará con Caixa Ontinyent por un máximo de 36 millones. La operación se encuadra en el FIE y cuenta con autorización del Ministerio de Hacienda, según la comunicación municipal. Este instrumento se presenta como la vía de financiación disponible para un Ayuntamiento saneado que debe afrontar una sentencia firme. La decisión final sobre la cuantía y su incorporación al plan de pagos también pasará por el pleno.
Reducir el principal solicitado tiene una consecuencia económica comprensible: disminuye la base sobre la que se calculan los intereses del crédito. El alcalde ha defendido que la nueva distribución permite afrontar con solvencia el primer pago y minorar esos costes. No se han anunciado cambios en el total reconocido por el acuerdo ni en el calendario general; la novedad reside en la combinación de fondos y en el menor recurso al préstamo.
Para las cuentas municipales, la operación exige coordinar tesorería, presupuesto y financiación externa. Los informes del Área Económica respaldan las propuestas que se debatirán. Esa supervisión técnica resulta esencial porque los pagos deben encajar tanto en las obligaciones judiciales como en la planificación anual del Consistorio. La utilización del remanente no elimina los compromisos posteriores, pero sí reduce el volumen de deuda necesario en esta primera fase, con una trazabilidad clara de cada fuente. Las cifras presentadas permiten separar con precisión ahorro, primer abono y financiación bancaria.
El acuerdo fija 350 millones y un primer desembolso antes de finalizar el año
El marco económico no nace con esta modificación presupuestaria. El acuerdo alcanzado con la propiedad y homologado por la Justicia cifró en 350 millones de euros la cantidad total a satisfacer. De esa suma, 283 millones corresponden al principal y el resto recoge los intereses legales computados desde el 16 de julio de 2018. La resolución establece una combinación de pago en metálico y pago mediante suelo.
El primer hito es el abono de 60 millones antes del 31 de diciembre de 2026. La propuesta anunciada ahora explica cómo pretende alcanzarse: 24 millones con recursos propios y 36 millones con el préstamo. Los primeros 5 millones ya ordenados forman parte de ese objetivo anual. Por tanto, no son una cantidad adicional, sino el inicio del cumplimiento del primer tramo previsto en el acuerdo.
Después de ese pago inicial se abre un periodo de carencia del principal hasta el 31 de diciembre de 2030. Durante esos años el Ayuntamiento podrá amortizar o no parte del principal, aunque continuarán generándose intereses legales anuales sobre el saldo pendiente. La carencia aplaza la amortización obligatoria, pero no paraliza el coste financiero asociado a la cantidad que siga viva.
A partir del 1 de enero de 2031 comenzará la amortización obligatoria. El Ayuntamiento deberá atender cada año el principal y los intereses correspondientes. El acuerdo establece que la cantidad anual no podrá ser inferior al 8% de los recursos corrientes ordinarios previstos en el estado de ingresos del presupuesto municipal de cada ejercicio. Esa referencia vincula los pagos futuros a la capacidad ordinaria reflejada en las cuentas de cada año.
El calendario muestra por qué la reducción del préstamo actual tiene importancia más allá de 2026. Cuanto menor sea el crédito inicial, menor será la carga específica de esa financiación, aunque el acuerdo global conserve sus obligaciones. La operación anunciada busca aprovechar el ahorro disponible ahora para limitar los intereses bancarios y mantener capacidad de gestión en los ejercicios posteriores, sin alterar los importes y fechas ya homologados. Esa secuencia seguirá siendo comprobable en cada presupuesto anual. El acuerdo define así una obligación continuada, no un pago aislado limitado al ejercicio de 2026.
Los informes económicos avalan una hoja de ruta sin subir impuestos ni recortar servicios
El alcalde ha señalado dos criterios políticos que, según su explicación, han guiado la planificación: no subir los impuestos municipales y no reducir ni dejar de prestar servicios a la ciudadanía. La nueva distribución financiera se presenta como compatible con esas líneas. El uso del remanente permite aportar más recursos propios sin trasladar el primer pago a una subida tributaria específica ni anunciar ajustes en los servicios.
La afirmación se apoya en la situación económica municipal descrita por el gobierno local. Toni Pérez ha defendido que el Ayuntamiento está saneado y que esa posición permitió acceder al Fondo de Impulso Económico. También sostiene que el ahorro de 2025 ofrece margen para revisar la operación inicial. La valoración política deberá contrastarse en el debate plenario, donde se examinarán la modificación presupuestaria y el préstamo definitivo.
Más allá de las declaraciones, la propuesta incorpora un elemento técnico relevante: los informes favorables del Área Económica municipal. Estos documentos respaldan la viabilidad de las medidas que se llevarán al pleno. La intervención de los servicios económicos aporta el encaje presupuestario y financiero necesario para movilizar el remanente, formalizar el crédito y atender las fechas previstas en el acuerdo judicial.
La reducción de 55 a 36 millones en el préstamo no equivale a una reducción del compromiso total. Benidorm seguirá afrontando el pago acordado, pero cambia la proporción entre ahorro y deuda. Esta distinción es importante para interpretar el anuncio. La obligación derivada de la sentencia permanece; lo que se adapta es el instrumento utilizado para cumplir el primer plazo con un menor coste financiero.
El pleno será el espacio en el que los grupos municipales puedan valorar la propuesta y sus efectos sobre las cuentas. Hasta entonces, la información oficial concreta las cifras, el origen de los fondos y el calendario previsto. El seguimiento posterior deberá comprobar la aprobación de ambos expedientes, la formalización del préstamo y el avance de los pagos, siempre dentro de los límites fijados por el acuerdo homologado y de las partidas efectivamente aprobadas. Esa revisión pública permitirá comprobar si la ejecución coincide con la planificación económica anunciada y aprobada.
La dación de terrenos completa el sistema previsto para cancelar la deuda
El acuerdo no se limita a pagos en efectivo. También contempla dos modalidades de dación de terrenos. La primera se destina a amortizar los intereses generados hasta la firma del acuerdo y será de obligada aceptación para los propietarios. La cifra asociada a esta vía es de 67.386.655,89 euros, que el Ayuntamiento podrá satisfacer durante un plazo de cinco años mediante la entrega de terrenos con aprovechamiento urbanístico.
Esos terrenos deberán encontrarse en suelo urbano, tener la condición de solar inmediatamente edificable y estar libres de cargas de urbanización. Las condiciones delimitan el tipo de patrimonio que puede utilizarse en esta parte del pago. No cualquier parcela municipal serviría: el acuerdo exige que el aprovechamiento pueda materializarse directamente y que no existan costes urbanísticos pendientes que reduzcan su valor efectivo.
La segunda modalidad permite realizar daciones sucesivas para reducir la deuda, incluyendo principal e intereses que se generen después del 1 de enero de 2027. En este caso, la aceptación no será obligatoria para la propiedad. Cada posible cesión tendrá que ser acordada, lo que diferencia esta vía de la prevista específicamente para los intereses acumulados hasta la firma.
El alcalde ha indicado que el gobierno local y los técnicos continúan trabajando en la parte urbanística del acuerdo. Esa tarea deberá identificar terrenos de titularidad municipal que cumplan los requisitos y articular jurídicamente cada entrega. La dimensión urbanística avanza en paralelo a la financiera: mientras el presupuesto y el préstamo cubren el primer pago en metálico, la preparación del suelo puede contribuir a las obligaciones posteriores.
La combinación de efectivo, financiación y terrenos define una solución de largo recorrido. El anuncio del 24 de agosto concreta la fase inmediata, pero el cumplimiento completo dependerá de múltiples ejercicios presupuestarios y de la ejecución de las daciones. Por ello, la reducción del préstamo es una pieza dentro de un acuerdo más amplio, cuyo seguimiento exigirá atender tanto a los pagos anuales como a las decisiones urbanísticas que se adopten. Cada cesión deberá responder a los requisitos ya definidos. La propiedad municipal del suelo y su situación urbanística serán elementos determinantes en ese proceso.
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